Buenos días. Lo sé. Dije viernes. Hoy es martes. La vida es dura. No siempre se tiene lo que se quiere. Lo importante es sacudirse, levantarse y seguir. Tal y como hacen ustedes hoy y cada día que el sol sale. Esperamos que nos la dejen pasar con ficha.

Trivia

La legislatura en California considera un proyecto de ley que daría paso a la semana de trabajo de 4 días para empresas con más de 500 empleados. En un día como hoy en 1919, ¿qué país europeo aprobó una jornada laboral de 48 horas con un salario mínimo? Sigue leyendo para la respuesta.

Si eres nueva o nuevo al Resumen Supremo, esperamos que la plataforma sea de tu agrado y utilidad. Confiamos en que lo será. No hay mejor manera de leer los casos del TSPR sin actually leer los casos del TSPR.

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Antes de arrancar, tomamos nota de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) no publicó decisiones nuevas la semana pasada. Es decir, su último batch al momento fue el 31 de marzo de 2022. Cubrimos la segunda parte de ese último batch en esta edición.

Segarra Rivera v. Intership

El plato fuerte. 51 páginas de derecho de empleo y despidos sin justa causa.  En esta opinión del juez asociado, Hon. Edgardo Rivera García, Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., 2022 TSPR 31, el TSPR valida el despido del presidente de la empresa y de otros 35 empleados de administración más toda la nómina de empleados unionados. Los despidos ocurrieron tras la restructuración de Intership y consolidación de ciertas operaciones en su joint venture "Puerto Rico Terminals LLC" con la empresa Tote Maritime Puerto Rico LLC.

Resumen Ejecutivo: La decisión cubre varias bases. Pero lo que principalmente decide es: (1) que los patronos no tienen que probar la existencia de un plan de reorganización empresarial de una forma particular o específica, y basta con que acredite que la reorganización empresarial respondió a una "decisión gerencial válida a la luz de las circunstancias", y (2) que los cambios en los servicios rendidos al público son suficiente "reorganización" para el despido de una persona empleada.

Zooming in: La Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, mejor conocida como Ley 80, enmendada en el 2017 por la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, establece en los artículos 2(e) y 2(f) defensas disponibles a los patronos antes reclamaciones de despido sin justa causa. El Art. 2(e) provee la defensa de la reorganización empresarial. Mientras que el Art. 2(f) provee la defensa de la baja en la producción, ventas o ganancias en una empresa.

El TSPR establece que el patrono no tiene que establecer una baja en la producción, ventas o ganancias en una empresa para probar la defensa de reorganización empresarial. Aunque, esa baja bien podría ser "las circunstancias" en que toda reorganización debe responder a una "decisión gerencial válida a la luz de las circunstancias".

Zooming out: Los joint ventures o empresas comunes (o empresas conjuntas según el corrector de MS Word) fueron objeto de análisis en Lloréns v. Arribas, 184 DPR 32 (2011) (donde se habla de empresas comunes). Estas entidades deben tener un fin específico. Es decir, deben tener un negocio específico y definido. Por lo demás, gozan de gran flexibilidad (pueden o no ser un ente corporativo, pueden o no ser para una sola transacción, etc.). Unido esto a la flexibilidad de las compañías de responsabilidad limitadas (a través del acuerdo operacional), la naturaleza fungible del dinero y la discreción que esta opinión del TSPR les concede a los patronos para llevar a cabo reorganizaciones empresariales, la imaginación parece ser el único límite que tienen abogados y abogadas de patronos al momento de diseñar planes válidos bajo la Ley 80 para reducir plantillas, romper uniones o despedir ciertos empleados y empleadas.

Disidentes: Se unieron en disenso la jueza presidenta, Hon. Maite Oronoz Rodríguez y los jueces asociados, Hon. Luis F. Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez. Por pluma del juez Estrella Martínez, los disidentes leen la opinión como demasiado tenue al momento de exigir prueba para una reorganización empresarial. Parecen hacer hincapié en la ausencia del deber de evidenciar el plan de reorganización y su utilidad, y en cómo esta ausencia deja a los tribunales desprovistos de elementos de juicio para decidir sobre la arbitrariedad de un plan de reorganización.

Balance: Los derechos individuales en el empleo son cada vez más tenues. Patronos precavidos con un asesoramiento mínimamente competente serán capaces de establecer un plan que cumpla con el Art. 2(e) de la Ley 80, según interpretado por el TSPR en esta opinión. Sin embargo, vivimos un mercado laboral donde escasean empleados y empleadas, y abundan plazas vacantes en ciertas industrias. Así que es buen momento para que las personas contemplen sus opciones individuales y colectivas, si creen que trabajan para un patrono que actúa de manera arbitraria y caprichosa con su empleo.


76 Kings Court Condominium v. Mapfre Praico

La segunda opinión de mayoría es en 76 Kings Court Condominium v. Mapfre Praico, 2022 TSPR 32, donde el TSPR concluyó a favor de la aseguradora que cierto plazo de 60 días para curar un alegado mal manejo de reclamaciones es jurisdiccional y prohíbe demandar hasta tanto dicho plazo venza.

Trasfondo: El Código de Seguros prohíbe una serie de prácticas desleales, injustas y engañosas a las aseguradoras. Entre otras, se prohíben las prácticas desleales y retrasos injustificados en el manejo de reclamaciones.

Tras el paso del Huracán María y el fracaso casi absoluto en el manejo de reclamaciones relacionadas (tanto así que el TSPR esencialmente establece que es un asunto de conocimiento general en Puerto Rico), el gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 247 de 2018, para entre otras cosas establecer una causa de acción civil retroactiva que permita a personas aseguradas recuperar daños causados por sus aseguradoras al incumplir sus deberes en cuanto al manejo de reclamaciones.

Pues la Ley 247-2018 también provee que antes de poder demandar, las personas aseguradas deben enviar una notificación previa al Comisionado de Seguros y a la aseguradora para informarles que se procederá con la acción civil en el caso de que la aseguradora no pague los daños o corrija sus deficiencias. Dicha ley también estableció un plazo de 60 días a partir de dicha notificación para que las aseguradoras curen cualquier incumplimiento y eviten la demanda.  

Controversia: El TSPR se enfrentó a la pregunta de si dicho plazo de 60 días prohíbe demandas durante su vigencia o si un asegurado puede presentar su demanda durante el aludido plazo.

Decisión: El plazo de 60 días prohíbe demandas durante su vigencia. Es decir, el plazo es jurisdiccional.

¿Qué convierte un plazo en jurisdiccional? Si no lo dice expresamente la ley, debe surgir claramente la intención legislativa de imponerle esa característica a dicho término. Para decidirlo, se usan las reglas usuales de interpretación ley, incluyendo que se busca imprimir validez al propósito legislativo, captar el impacto de la ley en el bienestar general y en el interés público, y que no se validen resultados absurdos independientemente del texto literal de la ley.

¿Qué sucede en esos 60 días? La aseguradora no hace nada, lo que te permite demandar al vencimiento de los 60 días. La aseguradora corrige todo según reclamado, lo que tiene .001% probabilidad de ocurrir. O la aseguradora te hace una oferta que negocias, aceptas y recogen en un acuerdo de transacción.

¿Leyes pro-asegurado? Not so fast. Nos recuerda el TSPR que la Ley 247-2018 establece ciertos derechos, pero también establece unos "pasos requeridos" para acceder esos derechos. En este caso, el "paso" es un cure default provision legislativo de 60 días para todas las aseguradoras en todas las reclamaciones.


AFI v. Carrión, Nieves

En AFI v. Carrión, Nieves, 2022 TSPR 34, mediante sentencia, el TSPR sostuvo que una segunda moción de reconsideración puede interrumpir nuevamente el plazo para apelar cuando el dictamen impugnado fue alterado sustancialmente por el Tribunal de Primera Instancia (TPI).  

Trasfondo: En este caso, el TPI dictó una orden el 1 de julio de 2019 y otra el 23 de octubre de 2019, la cual contradijo el rol de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña ("ENLACE") en dos casos de expropiación forzosa presentados por AFI. AFI apeló la segunda orden, la cual alteraba la primera en torno al rol de ENLACE como parte en el pleito. La primera orden no fue objeto de reconsideración.

Decisión: El TSPR concluye que, si se trata de una orden subsiguiente con una alteración sustancial, una segunda reconsideración interrumpe el plazo para apelar y permite una apelación de la segunda orden aun cuando el plazo de apelar la primera orden hubiera vencido. Claro está, la reconsideración debe limitarse a los nuevos pronunciamientos en la segunda orden.

Disidentes: La Jueza Presidenta, de una parte, y los jueces asociados Estrella Martínez y Colón Pérez disintieron por entender que el TSPR debió decidir la controversia sustantiva del caso y no solo lo procesal. Entienden que se debió validar la capacidad de AFI de instar procedimientos de expropiación forzosa en representación de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña ("ENLACE") y que ENLACE tiene autoridad en ley para adquirir la titularidad de los bienes expropiados. Entienden que el retraso al bifurcar los procesal y sustantivo pone en riesgo y retrasan millones de dólares en dinero federal obligado a ENLACE y a la Comunidad del Caño Martín Peña.


In re: Aprobación del Libro de Instrucciones al Jurado; Agradecimiento al Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado; designación de miembros del Comité Asesor Permanente de Instrucciones al Jurado

Noticia administrativa del TSPR. El Máximo Foto designó un comité permanente para la revisión del Manual de Instrucciones al Jurado. Este manual, publicado y disponible en In re: Aprobación del Libro de Instrucciones al Jurado; Agradecimiento al Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado; designación de miembros del Comité Asesor Permanente de Instrucciones al Jurado, 2022 TSPR 33, reúne las instrucciones al jurado sobre materia criminal en juicios por jurado en Puerto Rico.

Estas instrucciones se presumen correctas y será altamente persuasivo al momento de decidir y revisar el contenido de las instrucciones al jurado en un caso particular. Sin embargo, los jueces y las juezas del TPI tienen discreción para aplicar o no estas instrucciones al jurado.

Veredictos Unánimes Absolutorios: Los jueces asociados Estrella Martínez y Colón Pérez emitieron expresiones particulares para hacer constar que disienten de la instrucción en torno a la unanimidad recientemente requerida para los veredictos absolutorios. Pueden leer más al respecto aquí:

⚖️ 12 angry jurors
El TSPR exige veredictos unánimes para prevalecer en casos criminales

Contestación a Trivia

Un día como hoy, en el 1919, el parlamento inglés aprobó la jornada laboral de 48 horas con un salario mínimo. Mientras, hoy por hoy, el Reino Unido es parte de un proyecto piloto para reducir la jornada a 4 días por semana. ¡Qué diferencia hacen 103 años!

Imagina esto, ¡pero desde los jueves!

🙌 Eso es todo por esta ocasión. Como de costumbre, puedes comentar abajo y unirte a la discusión.

📧 Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 26 de abril de 2022 (no publicaremos la siguiente semana por motivos familiares... luego les cuento).

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